 manifestó una serie de preocupaciones de índole financiero y empresarial respecto al contenido del proyecto para modificar la Ley 225-20, sobre Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos, en una rueda de prensa encabezada por el diputado Gustavo Sánchez, en la Casa Nacional de esa organización. La primera observación que hizo el partido morado tiene que ver con las contribuciones que las empresas deben pagar por el manejo de sus residuos, las cuales consideran desproporcionadas y que podrían afectar la competitividad de las entidades y provocar mayores precios para el consumidor final.https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/23/whatsapp-image-2025-06-23-at-120303-b973d42c.jpegGustavo Sánchez, en el centro, fue el vocero de la rueda de prensa. (FUENTE EXTERNA)“Abogamos porque el aparato productivo sea visto como un socio clave del desarrollo nacional”, indicó Sánchez. La agrupación política también abogó por que pueda participar en el negocio una mayor pluralidad de empresas a quitarse el relleno sanitario como única alternativa. “La imposición de un relleno sanitario por región del país, o utilizado de manera conjunta por varias provincias, municipios o distritos municipales de una misma región, elimina la posibilidad de otros proveedores en una región, sin considerar la demanda, eficiencia, operatividad y costos”, recalcó.Además, desaprueban la figura del fideicomiso para manejar el proceso bajo el argumento de que “centralizar todo el flujo de dinero y contratos” en esta entidad “podría vulnerar el principio de libre competencia”. Para el PLD, una ley moderna de residuos sólidos debe incentivar la inversión en tecnologías limpias y en procesos de reciclaje, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en su transición hacia modelos de producción sostenibles, estimular la formalización de quienes ya operan en la gestión informal de residuos y contener una visión estratégica del desarrollo productivo y del empleo verde. RELACIONADAS Más firmas Contrarreforma a la Ley de Residuos Sólidos Negocios Proyecto de ley de manejo de residuos sólidos prevé aumentos entre 60 % y 3,750 % dice AIRD “Otro aspecto que observamos -y nos preguntamos- es por qué se posterga el arranque de la recogida selectiva por los ayuntamientos. Como país, debemos movernos hacia una cultura donde el ciudadano y la empresa separen su basura, lo que facilita el proceso de reciclaje para los recicladores. Eliminar la separación de la basura en la fuente nos lleva a retroceder en vez de avanzar”, expresa el comunicado con la versión oficial del partido. Propuestas En virtud de las preocupaciones expresadas, propusieron siete acciones: Consensuar con todos los actores esta reforma antes de la aprobación final, permitiendo una revisión participativa en la cual se involucre el sector productivo, las municipalidades, los ambientalistas y la sociedad civil.Garantizar que toda contribución empresarial sea proporcional, progresiva, basada en estudios y vinculada a metas ambientales claras y verificables, con base en estudios de generación de residuos y capacidad contributiva.Fortalecer el rol de los municipios y la transparencia en el uso de los fondos.Incluir medidas de incentivo, no solo de penalización, que permitan una transición justa hacia modelos sostenibles.Establecer mecanismos de fiscalización a los recursos gestionados a través de la fiducia.Incluir al Ministerio de Hacienda en el Consejo del Fideicomiso, ya que esta entidad debe cuidar la sostenibilidad financiera del Estado en el mismo.Que los contratos de gestión de residuos sólidos sean llevados a plazos razonables, para evitar vulnerar el principio de la libre competencia.){kind=link}
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó una serie de preocupaciones de índole financiero y empresarial respecto al contenido del proyecto para modificar la Ley 225-20, sobre Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos, en una rueda de prensa encabezada por el diputado Gustavo Sánchez, en la Casa Nacional de esa organización.
La primera observación que hizo el partido morado tiene que ver con las contribuciones que las empresas deben pagar por el manejo de sus residuos, las cuales consideran desproporcionadas y que podrían afectar la competitividad de las entidades y provocar mayores precios para el consumidor final.
“Abogamos porque el aparato productivo sea visto como un socio clave del desarrollo nacional”, indicó Sánchez.
La agrupación política también abogó por que pueda participar en el negocio una mayor pluralidad de empresas a quitarse el relleno sanitario como única alternativa.
“La imposición de un relleno sanitario por región del país, o utilizado de manera conjunta por varias provincias, municipios o distritos municipales de una misma región, elimina la posibilidad de otros proveedores en una región, sin considerar la demanda, eficiencia, operatividad y costos”, recalcó.
Además, desaprueban la figura del fideicomiso para manejar el proceso bajo el argumento de que “centralizar todo el flujo de dinero y contratos” en esta entidad “podría vulnerar el principio de libre competencia”.
Para el PLD, una ley moderna de residuos sólidos debe incentivar la inversión en tecnologías limpias y en procesos de reciclaje, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en su transición hacia modelos de producción sostenibles, estimular la formalización de quienes ya operan en la gestión informal de residuos y contener una visión estratégica del desarrollo productivo y del empleo verde.
“Otro aspecto que observamos -y nos preguntamos- es por qué se posterga el arranque de la recogida selectiva por los ayuntamientos. Como país, debemos movernos hacia una cultura donde el ciudadano y la empresa separen su basura, lo que facilita el proceso de reciclaje para los recicladores. Eliminar la separación de la basura en la fuente nos lleva a retroceder en vez de avanzar”, expresa el comunicado con la versión oficial del partido.
En virtud de las preocupaciones expresadas, propusieron siete acciones:
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Consensuar con todos los actores esta reforma antes de la aprobación final, permitiendo una revisión participativa en la cual se involucre el sector productivo, las municipalidades, los ambientalistas y la sociedad civil.
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Garantizar que toda contribución empresarial sea proporcional, progresiva, basada en estudios y vinculada a metas ambientales claras y verificables, con base en estudios de generación de residuos y capacidad contributiva.
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Fortalecer el rol de los municipios y la transparencia en el uso de los fondos.
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Incluir medidas de incentivo, no solo de penalización, que permitan una transición justa hacia modelos sostenibles.
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Establecer mecanismos de fiscalización a los recursos gestionados a través de la fiducia.
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Incluir al Ministerio de Hacienda en el Consejo del Fideicomiso, ya que esta entidad debe cuidar la sostenibilidad financiera del Estado en el mismo.
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Que los contratos de gestión de residuos sólidos sean llevados a plazos razonables, para evitar vulnerar el principio de la libre competencia.
Fuente: Diario Libre
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