 y su reglamento de aplicación marcan un antes y un después en la forma en que los dominicanos acceden y registran su identidad. Así lo explicó este martes la miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Dolores Fernández Sánchez, durante una conferencia sobre la normativa organizada por el Ateneo Dominicano.La nueva normativa sustituye la antigua Ley 659-44, que estuvo vigente por 78 años. "Esa ley ya no podía responder al nuevo paradigma del registro civil, porque el registro civil son todos los documentos probatorios ante la sociedad, el Estado y la familia", señaló Fernández.Aseguró que la Ley 4-23 es moderna, y esa modernidad implica cambios. "Cambios que deben medirse por su eficiencia, efectividad e impacto en la sociedad", enfatizó. "La buena gobernanza es transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta. Eso es lo que muestra la ley en su impacto" Dolores Fernández Sánchez Miembro titular de la JCE “ RELACIONADAS JCE Nombres prohibidos y orden de apellidos son tema de debate en reglamento de Ley 4-23 Cambió la burocracia Uno de los avances que Fernández considera más notables de la nueva ley es la simplificación de los procesos. “Antes, para reconstruir un acta, intervenía el Poder Judicial, el Ministerio Público y hasta un representante de la sociedad civil. Ahora se han realizado más de cinco mil reconstrucciones sin ese entramado burocrático", sostuvo.Las reconstrucciones se solicitan para la creación de un nuevo acto del Estado Civil cuando el original se ha perdido, ha sido destruido o ha sido alterado de manera que no puede utilizarse.También se amplían los plazos. Dijo que el plazo para declarar un nacimiento pasó de dos meses a 180 días, y las defunciones pueden declararse hasta 60 días después. “Esto facilita la vida de la gente, sobre todo en comunidades apartadas”, dijo.Fernández destacó que la ley pone en manos de la Junta Central Electoral el liderazgo del Sistema Nacional de Registro Civil, como órgano rector, con capacidad para regular y tomar decisiones. Esto, dijo, fortalece el enfoque en derechos humanos y dignidad.“El impacto de esta ley se va a medir cuando se respeten los derechos fundamentales y la dignidad humana”, afirmó. Citó como ejemplo el artículo 73, que permite a la JCE solicitar pruebas científicas cuando haya dudas razonables en registros de hijos que permita establecer la paternidad, cuyo costo estará a cargo del presupuesto de la Junta Central. En cuanto a la seguridad, aseguró que la ley establece mecanismos para evitar fraudes de identidad como auditorías, monitoreos y sanciones claras. Además, dijo que obliga a interconectar los sistemas del Registro Civil con otras instituciones del Estado.https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/25/41f1379f-1e2e-4b01-863a-e9c5def4af6c-384b71a6.jpgDolores Fernández, Miembro titular de la Junta Central Electoral durante la conferencia sobre la ley 4-23. (DIARIO LIBRE SAMIL MATEO DOMINICI) Sobre extranjería y migraciónLa miembro de la JCE hizo énfasis en la importancia del libro de extranjería, tal como lo establece el artículo 25 de la Constitución. “El extranjero que nace aquí tiene que ser inscrito en el libro de extranjería. Y sí, actualmente se están inscribiendo”, afirmó.Aclaró que el artículo 99 y siguientes de la ley establece libros especiales como el de madre extranjera no residente, y que este proceso debe manejarse “sin pasión, pero con responsabilidad, porque impacta profundamente el orden jurídico dominicano”, añadió. Cifras de casos resueltos En solo tres meses, la JCE ha recibido 61,103 solicitudes relacionadas con el estado civil y ha resuelto 40,223 de ellas. Además, reveló que en el último informe al que tuvo acceso indica que se han solucionado 404,669 casos por medio de las novedades administrativas.Gobernanza“La ley anterior no hablaba de principios. Esta sí. Principios de eficacia, celeridad, legalidad, interconexión. Y eso crea un matrimonio sin divorcio entre informática y registro civil”, dijo.Para Dolores Fernández, el verdadero impacto de la Ley 4-23 será tangible en la medida en que los ciudadanos perciban eficiencia, respeto y confianza. “Estamos llamados a garantizar derechos fundamentales. Esa es nuestra responsabilidad constitucional”, sentenció. Leer más Tras nueva ley, el cambio de nombre ya no se solicita en la JCE){kind=link}
La Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil (4-23) y su reglamento de aplicación marcan un antes y un después en la forma en que los dominicanos acceden y registran su identidad.
Así lo explicó este martes la miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Dolores Fernández Sánchez, durante una conferencia sobre la normativa organizada por el Ateneo Dominicano.
La nueva normativa sustituye la antigua Ley 659-44, que estuvo vigente por 78 años. "Esa ley ya no podía responder al nuevo paradigma del registro civil, porque el registro civil son todos los documentos probatorios ante la sociedad, el Estado y la familia", señaló Fernández.
Aseguró que la Ley 4-23 es moderna, y esa modernidad implica cambios. "Cambios que deben medirse por su eficiencia, efectividad e impacto en la sociedad", enfatizó.
Cambió la burocracia
Uno de los avances que Fernández considera más notables de la nueva ley es la simplificación de los procesos.
“Antes, para reconstruir un acta, intervenía el Poder Judicial, el Ministerio Público y hasta un representante de la sociedad civil. Ahora se han realizado más de cinco mil reconstrucciones sin ese entramado burocrático", sostuvo.
Las reconstrucciones se solicitan para la creación de un nuevo acto del Estado Civil cuando el original se ha perdido, ha sido destruido o ha sido alterado de manera que no puede utilizarse.
También se amplían los plazos. Dijo que el plazo para declarar un nacimiento pasó de dos meses a 180 días, y las defunciones pueden declararse hasta 60 días después. “Esto facilita la vida de la gente, sobre todo en comunidades apartadas”, dijo.
Fernández destacó que la ley pone en manos de la Junta Central Electoral el liderazgo del Sistema Nacional de Registro Civil, como órgano rector, con capacidad para regular y tomar decisiones. Esto, dijo, fortalece el enfoque en derechos humanos y dignidad.
“El impacto de esta ley se va a medir cuando se respeten los derechos fundamentales y la dignidad humana”, afirmó.
Citó como ejemplo el artículo 73, que permite a la JCE solicitar pruebas científicas cuando haya dudas razonables en registros de hijos que permita establecer la paternidad, cuyo costo estará a cargo del presupuesto de la Junta Central.
- En cuanto a la seguridad, aseguró que la ley establece mecanismos para evitar fraudes de identidad como auditorías, monitoreos y sanciones claras. Además, dijo que obliga a interconectar los sistemas del Registro Civil con otras instituciones del Estado.
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Sobre extranjería y migración
La miembro de la JCE hizo énfasis en la importancia del libro de extranjería, tal como lo establece el artículo 25 de la Constitución. “El extranjero que nace aquí tiene que ser inscrito en el libro de extranjería. Y sí, actualmente se están inscribiendo”, afirmó.
Aclaró que el artículo 99 y siguientes de la ley establece libros especiales como el de madre extranjera no residente, y que este proceso debe manejarse “sin pasión, pero con responsabilidad, porque impacta profundamente el orden jurídico dominicano”, añadió.
En solo tres meses, la JCE ha recibido 61,103 solicitudes relacionadas con el estado civil y ha resuelto 40,223 de ellas. Además, reveló que en el último informe al que tuvo acceso indica que se han solucionado 404,669 casos por medio de las novedades administrativas.
Gobernanza
“La ley anterior no hablaba de principios. Esta sí. Principios de eficacia, celeridad, legalidad, interconexión. Y eso crea un matrimonio sin divorcio entre informática y registro civil”, dijo.
Para Dolores Fernández, el verdadero impacto de la Ley 4-23 será tangible en la medida en que los ciudadanos perciban eficiencia, respeto y confianza. “Estamos llamados a garantizar derechos fundamentales. Esa es nuestra responsabilidad constitucional”, sentenció.
Fuente: Diario Libre
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