El nuevo Código Penal en la República Dominicana endurece las sanciones por corrupción administrativa. Según el artículo 306, los funcionarios públicos que autoricen pagos indebidos en contratos estatales enfrentan hasta 10 años de prisión y multas significativas.
Esta medida se aplica a quienes, a sabiendas de irregularidades, faciliten pagos por obras, bienes o servicios no entregados correctamente. Además, los contratistas privados que se beneficien de estas transacciones ilegales también serán penalizados.
El artículo 290 sanciona la aprobación de contratos sin verificar el cumplimiento de requisitos legales. Los artículos 284 y 285 introducen un sistema de sanciones escalonadas, castigando los delitos de corrupción según el beneficio económico obtenido.
Fuente: El Testigo
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