En la política dominicana, el verdadero fiscalizador no suele estar en la Cámara de Cuentas ni en la Procuraduría: está sentado en la mesa del reparto. Mientras todos cobran y callan, el engranaje marcha con precisión mafiosa. Pero si a uno lo dejan fuera, se rompe la hermandad.
El “chivato del poder” aparece entonces: no es héroe ni paladín, es el socio despechado que, con la boca llena de rabia, filtra chats, minutas y contratos que antes bendecía. Habla no por principios, sino por la picada que no recibió. Y, sin embargo, gracias a su rencor se destapan las cloacas. Esa es la paradoja: en este país la corrupción no se revela por control, sino por traición.
Ahora bien, ¿vamos a seguir esperando que la transparencia dependa del resentimiento? Estados Unidos entendió la trampa y creó la ley Whistleblower: si alguien denuncia con pruebas, recibe parte de lo recuperado. El chivateo dejó de ser venganza y se convirtió en un incentivo legal para romper pactos mafiosos.
República Dominicana necesita lo mismo: una Ley de Denunciante Protegido y Remunerado que convierta la vendetta en herramienta institucional. Que el que tenga pruebas sepa que puede hablar, estar protegido y, de paso, recibir una compensación que haga valer su riesgo.
Y mientras llega esa reforma, toca decirlo sin rodeos: bendito sea el chivato. Porque si por su despecho se abren las cloacas del poder, que siempre quede uno fuera. Sí, es cínico; pero en este caso el fin, aunque nazca de la rabia, termina justificando los medios.
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