La destitución de Martín Robles en la ETED y de Rafael Santos Pérez en la OPRET no solo fue correcta: era inevitable. Un país no puede darse el lujo de caer en la oscuridad completa por un fallo que pudo prevenirse, ni puede aceptar que su movilidad quede secuestrada porque el Metro, el sistema que sostiene la vida cotidiana de cientos de miles, se apaga sin un plan B real.
Aquí no hay espacio para paños tibios. Cuando la responsabilidad es tan grande, la incompetencia se paga con destitución, no con reubicaciones de cortesía ni con nuevas oficinas para seguir improvisando. Si usted no hizo su trabajo, si tiene años en ese puesto y lo único que ofrece son discursos defensivos y justificaciones infantiles, váyase a su casa. Póngase a armar LEGO, coleccione cartas de Yu-Gi-Oh, haga jardinería, pero deje de jugar con la infraestructura nacional.
Y lo más grave es que esto no termina aquí. Estos dos son apenas la punta del iceberg. Hay otros funcionarios que, aunque no tengan relación con el apagón, merecen exactamente el mismo destino: el destierro administrativo por ineficientes, por corruptos, por entender la función pública como un botín y no como un mandato.
La paciencia nacional se agotó. No hay que esperar más. Cada puesto que hoy ocupa un inepto es una falla futura incubándose. Es hora de barrer, sin miedo y sin excusas, a todos los que ya demostraron que no dan la talla para servirle al país.
Somos EL TESTIGO. Una forma diferente de saber lo que está pasando. Somos noticias, realidades, y todo lo que ocurre entre ambos.
Todo lo vemos, por eso vinimos aquí para contarlo.