martes, junio 24, 2025
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Editoriales

Ecuador no acepta la condena de la OEA por el ingreso a la Embajada de México

El Gobierno de Ecuador rechazó la condena de la OEA a la invasión a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, pero expresó su disposición a reconstruir las relaciones con México.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador mencionó la votación de condena en el seno del Consejo Permanente de la OEA sobre la irrupción en la embajada, asegurando que el fallo reconoce las posiciones de ambos países.

Ecuador, el único país que votó en contra de la resolución, acusó a México de otorgar asilo diplomático a Glas, quien enfrenta procesos judiciales por delitos comunes y casos de corrupción pendientes.

La Cancillería ecuatoriana también planteó ante la OEA acerca del supuesto mal uso de sedes diplomáticas y la injerencia en asuntos internos por parte del Gobierno mexicano, lo cual afectó la confianza en las relaciones diplomáticas.

La resolución aprobada por los Estados miembros de la OEA reconoce las posiciones de ambos países y enfatiza la obligación de respetar los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas.

"Ecuador promueve la paz, la integración latinoamericana y relaciones diplomáticas basadas en la defensa de la soberanía y la independencia del Estado", destacó la Cancillería.

Abierto a reconstruir confianza

El Gobierno ecuatoriano reiteró su disposición para reconstruir la confianza con México a través de un diálogo constructivo.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, consideró justa la resolución de la OEA al reflejar la posición de ambos países, aunque solo condena la acción del Estado ecuatoriano.

Glas, quien recibió asilo de México antes de ser detenido, tiene pendiente cumplir una condena de 8 años por casos de corrupción. Ecuador había solicitado previamente a México permiso para detenerlo en la Embajada.

El exvicepresidente se ha declarado perseguido político y víctima de 'lawfare', una situación que el Gobierno ecuatoriano ha negado al defender la independencia de su sistema judicial.

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