La jueza Fátima Veloz impuso una medida de coerción de 50 millones de pesos a Antonio y Maribel Espaillat por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que resultó en 236 muertes y más de 180 heridos. La decisión se basó en la normativa procesal vigente y el principio de legalidad penal, según el artículo 40 de la Constitución dominicana y el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Poder Judicial informó que la jueza consideró que los hermanos tienen suficiente arraigo en el país, con domicilio conocido y actividad empresarial estable, sin antecedentes de evasión.
La magistrada optó por no imponer prisión preventiva, como solicitó el Ministerio Público, sino otras medidas del Código Procesal Penal, ya que la pena por homicidio involuntario, según el artículo 319 del Código Penal, es de 3 meses a 2 años de prisión correccional. La jueza destacó que la medida de coerción busca asegurar la presencia de los imputados en el proceso penal, sin prejuzgar su culpabilidad.
En cuanto a Antonio Espaillat, se reconoció su colaboración con la investigación. Respecto a Maribel Espaillat, el tribunal no encontró evidencia de coacción a un testigo, sino una interacción ambigua que no afecta sustancialmente el proceso probatorio. La jueza también señaló la desconexión del Código Penal dominicano, basado en el modelo napoleónico de 1810, con la realidad actual, limitando su capacidad de respuesta ante delitos modernos.
Finalmente, se impuso la medida de coerción del artículo 226 del Código Procesal Penal, que incluye impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica, y se declaró el caso como complejo. La calificación provisional es de homicidio involuntario, por inobservancia de deberes de cuidado, sin dolo demostrado.
Fuente: Listín Diario
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