En la superficie, el Estado dominicano parece responder a una estructura jerárquica, encabezada por un presidente que dicta la línea a seguir. Pero bajo esa fachada, opera un sistema mucho más complejo, fragmentado y tóxico: un archipiélago de poder formado por funcionarios que, más que servidores públicos, actúan como virreyes al mando de sus propios territorios.
Estas islas no obedecen necesariamente al interés nacional ni al proyecto de gobierno. Son feudos creados bajo el amparo de padrinos políticos, grupos económicos o alianzas partidarias. Funcionan con su propia lógica, reparten recursos, favores y castigos según conveniencia, y muchas veces desobedecen —sin consecuencias— las orientaciones del Ejecutivo.
En este ecosistema, el funcionario no se debe al pueblo, sino a la estructura que lo sostiene. Se mimetiza con el aparato institucional, ocupa el cargo, pero responde a otros mandatos: los de su grupo, su clan, su "isla". Así se perpetúan la ineficiencia, el clientelismo y la impunidad.
No se trata solo de corrupción, sino de autonomía política disfrazada de tecnocracia. De agendas paralelas que desgastan al gobierno desde adentro. De funcionarios que se blindan con lealtades cruzadas, sabiendo que, en este archipiélago, el que controla una isla puede chantajear al continente.
Mientras el Estado no recupere el control sobre sus estructuras, cualquier promesa de reforma será superficial. Porque no se puede gobernar un país donde cada funcionario se cree dueño de su parcela. Y mucho menos transformar una nación cuando cada isla vela por su propia costa.
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