“Esta situación generaría una inseguridad jurídica para los operadores ya establecidos, ante posibles interpretaciones arbitrarias de la ley o cambios en las regulaciones técnicas mediante resoluciones administrativas carentes de fundamento legal”, afirmó Gutiérrez.Criticó que el proyecto, aunque hace referencia a un régimen fiscal "equitativo", en realidad plantea un aumento impositivo insostenible para el sector.“Este proyecto debió proponer, en primer lugar, que la tributación se base en el GGR (Gross Gaming Revenue), es decir, los ingresos del juego menos las ganancias entregadas a los jugadores. En segundo lugar, debió destinar un porcentaje de esos recaudos fiscales al sector salud, programas de prevención de la ludopatía, o al desarrollo de programas deportivos, que tanta falta hacen en el país”, expresó.También señaló que el proyecto no se ajusta a la realidad del mercado actual, sino que simplemente unifica los criterios legales, fiscales y recaudatorios ya existentes en un solo documento.“El propósito del Estado Dominicano es tener mayor control sobre los ingresos provenientes de las apuestas, y establecer por ley acciones para el juego responsable, la sensibilización sobre la ludopatía y la protección de menores en estos centros, ahora denominados ‘casas de apuestas’”, añadió.Juegos compulsivos y medidas de protecciónLa jurista valoró de forma positiva que se contemple una política pública integral para prevenir el juego compulsivo, incluyendo campañas de concientización y una línea telefónica gratuita de asistencia. Además, resaltó la propuesta del Registro Nacional de Autoexclusión, donde los ciudadanos podrán solicitar voluntariamente su exclusión de cualquier tipo de apuesta.Asimismo, destacó la responsabilidad compartida entre el nuevo ente regulador y los operadores para la implementación de estas medidas.Gutiérrez sugirió que el nuevo proyecto contemple la fusión con la Dirección General de Juegos de Azar, similar a lo que ha ocurrido con otras entidades estatales, como la Lotería Nacional, tras la supresión parcial de su rol institucional.“Esto evitaría confusión regulatoria, representaría un ahorro presupuestario sustancial y permitiría que sus instalaciones sean adecuadas para convertirse en la sede del nuevo organismo”, concluyó.){kind=link}
La abogada especializada en legislación sobre juegos de azar, Yamile Gutiérrez, advirtió este lunes que el proyecto de ley sobre juegos de azar, sometido por el Poder Ejecutivo, contiene una serie de disposiciones que podrían generar efectos negativos a nivel social, fiscal y ético.
A través de una nota de prensa, Gutiérrez reconoció la necesidad de un marco normativo moderno y eficiente que regule adecuadamente las actividades relacionadas con los juegos de azar. Sin embargo, consideró que la pieza legislativa requiere importantes mejoras.
“Reconozco que era necesario crear una Dirección General de Juegos de Azar como nuevo ente regulador, pero esta debe ser totalmente autónoma”, manifestó la jurista.
Explicó que, si bien se le otorgan facultades regulatorias, sancionadoras y administrativas, la ley debió establecer claramente esas prerrogativas legales, en lugar de delegar aspectos tan importantes a regulaciones que quedarían sujetas a decisiones administrativas.
“Esta situación generaría una inseguridad jurídica para los operadores ya establecidos, ante posibles interpretaciones arbitrarias de la ley o cambios en las regulaciones técnicas mediante resoluciones administrativas carentes de fundamento legal”, afirmó Gutiérrez.
Criticó que el proyecto, aunque hace referencia a un régimen fiscal "equitativo", en realidad plantea un aumento impositivo insostenible para el sector.
“Este proyecto debió proponer, en primer lugar, que la tributación se base en el GGR (Gross Gaming Revenue), es decir, los ingresos del juego menos las ganancias entregadas a los jugadores. En segundo lugar, debió destinar un porcentaje de esos recaudos fiscales al sector salud, programas de prevención de la ludopatía, o al desarrollo de programas deportivos, que tanta falta hacen en el país”, expresó.
También señaló que el proyecto no se ajusta a la realidad del mercado actual, sino que simplemente unifica los criterios legales, fiscales y recaudatorios ya existentes en un solo documento.
“El propósito del Estado Dominicano es tener mayor control sobre los ingresos provenientes de las apuestas, y establecer por ley acciones para el juego responsable, la sensibilización sobre la ludopatía y la protección de menores en estos centros, ahora denominados ‘casas de apuestas’”, añadió.
Juegos compulsivos y medidas de protección
La jurista valoró de forma positiva que se contemple una política pública integral para prevenir el juego compulsivo, incluyendo campañas de concientización y una línea telefónica gratuita de asistencia. Además, resaltó la propuesta del Registro Nacional de Autoexclusión, donde los ciudadanos podrán solicitar voluntariamente su exclusión de cualquier tipo de apuesta.
Asimismo, destacó la responsabilidad compartida entre el nuevo ente regulador y los operadores para la implementación de estas medidas.
Gutiérrez sugirió que el nuevo proyecto contemple la fusión con la Dirección General de Juegos de Azar, similar a lo que ha ocurrido con otras entidades estatales, como la Lotería Nacional, tras la supresión parcial de su rol institucional.
“Esto evitaría confusión regulatoria, representaría un ahorro presupuestario sustancial y permitiría que sus instalaciones sean adecuadas para convertirse en la sede del nuevo organismo”, concluyó.
Fuente: Diario Libre
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