Las acciones legales contra Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, han aumentado a 123 tras la imposición de medidas de coerción por la jueza Fátima Veloz. Originalmente, se presentaron 108 querellas, pero el número creció con nuevas víctimas.
Las medidas incluyen una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, prohibición de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. El caso, que involucra homicidio involuntario y lesiones, se relaciona con un incidente en el local que resultó en 235 muertes y más de 180 heridos.
El Ministerio Público tiene ocho meses para presentar la acusación formal en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Los querellantes incluyen familiares de las víctimas y afectados por presuntas fallas en los protocolos de seguridad del lugar.
Algunos abogados demandan una investigación más exhaustiva, argumentando negligencia por parte de los empresarios en el cumplimiento de estándares de seguridad. La defensa de los hermanos Espaillat afirma que están colaborando con las autoridades y confían en demostrar su inocencia durante el proceso judicial.
Fuente: El Testigo
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