, Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.En el escrito de solicitud de medida de coerción, el MP detalla los bienes adquiridos por la organización y las distintas maniobras que presuntamente usaban para lograr que la personas invirtieran su dinero bajo un falso esquema de inversión. RELACIONADAS Justicia Dinero de Operación Gaviota se usó en viajes, compra de autos y hasta cirugías estéticas El órgano persecutor puso en marcha la Operación Gaviota contra una red que captó más de 3,000,000,000.00 de pesos dominicanos a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner. La organización criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10 % al 30 %.Los allanamientos, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.Método de operaciónLa red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas. RELACIONADAS Justicia MP despliega Operación Gaviota contra Investor Winner por fraude de RD$3,000 millones en inversiones Por igual, los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real fue menor al 15 % de lo captado.Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.Hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.Para contaminar la investigación y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.El Ministerio Público tiene en la actualidad numerosas querellas, pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional. Se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15 % de lo captado, ya que el Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y otra parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores.En la investigación participaron, en su primera etapa, fiscales de la provincia La Altagracia, y en el desarrollo de la operación, parte de los fiscales de las unidades del Ministerio Público que solo trabajan casos de criminalidad organizada, entre ellos, Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel A. Crucey y Alexis Piña.){kind=link}
El Ministerio Público presentó hoy la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del proceso contra ocho individuos y 15 empresas o entidades imputadas en la Operación Gaviota, acusadas de estafar a personas con más de 3,000 millones de pesos.
Los acusados incluyen a Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucia Martínez Colón.
Por otro lado, las entidades involucradas son Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopees), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
El Ministerio Público detalla en la solicitud de medida de coerción los bienes adquiridos por la organización y las estratagemas empleadas para atraer a las personas a invertir su dinero en un falso esquema de inversión.
La Operación Gaviota fue iniciada por el órgano persecutor contra una red que captó más de 3,000 millones de pesos mediante un esquema fraudulento llamado Investor Winner. La organización delictiva prometía invertir el dinero en trading, asegurando rendimientos mensuales del 10 % al 30 %.
La red utilizaba medios tecnológicos para llevar a cabo la estafa, aprovechando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para engañar a las víctimas. Realizaban allanamientos en varias regiones, arrestando personas y confiscando evidencias relacionadas con la investigación.
Para ocultar rastros, los implicados transferían las acciones de las empresas cuando el esquema colapsaba y se mudaban de sus hogares habituales hacia otras localidades e incluso salían del país.
El Ministerio Público cuenta con múltiples querellas en contra de los perpetradores, sin embargo, muchas víctimas se niegan a aceptar que su dinero no fue invertido como se les prometió. Las pruebas disponibles indican que el dinero se utilizó para pagar intereses y para gastos personales de los acusados.
Los fiscales responsables de la investigación participaron en todas las etapas del proceso, trabajando en conjunto para llevar a cabo la Operación Gaviota.
Somos EL TESTIGO. Una forma diferente de saber lo que está pasando. Somos noticias, realidades, y todo lo que ocurre entre ambos.
Todo lo vemos, por eso vinimos aquí para contarlo.