El Senado mexicano ha aprobado un dictamen que establece penas de prisión de dos a seis años para quienes realicen terapias de conversión sexual, que buscan forzar a las personas a cambiar su identidad sexual.
El dictamen enviado al Ejecutivo Federal especifica que las sanciones se aplicarán a quienes lleven a cabo cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que afecte la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Esta medida fue aprobada por el Senado con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, imponiendo además multas de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las reformas penales establecen que las sanciones se duplicarán si las conductas se cometen contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad, y se contempla la destitución e inhabilitación para quienes ocupen cargos públicos y cometan estos delitos.
Se sancionará a profesionales de la salud que participen en estas prácticas, suspendiéndolos de uno a tres años, y se destaca que con solo presentar una denuncia se iniciará una investigación.
Estos tratamientos incluyen abusos físicos, privación de la libertad, violencia económica e incluso violaciones grupales en un intento de "curar" la identidad de género de las personas.
Desde 1990, la homosexualidad no es considerada una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud, tras numerosas protestas de asociaciones y la sociedad civil.
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