El video musical grabado en un liceo no es una anécdota ligera: es una vergüenza nacional. Una amenaza a la niñez, a la educación pública y al sentido mismo de lo que significa un aula. ¿Cómo llegamos al punto de que un plantel escolar, sostenido con los impuestos del pueblo, se convierta en escenario de espectáculo vulgar?
Aquí no hay inocentes. Los responsables no son solo los artistas ni los productores que entraron con sus cámaras: también lo son los directivos, los servidores y todo aquel que permitió que se abrieran las puertas del plantel. Esa complicidad es criminal. Porque la escuela no es suya, es de los estudiantes. Y el que negocia con la inocencia, negocia con el futuro.
¿Qué mensaje se le da al niño que ve su pupitre convertido en utilería de un video? Que lo inmoral se normaliza. Que lo obsceno es válido si genera aplausos. Que los adultos que deberían cuidarlo son los mismos que lo exponen. Eso no es entretenimiento: eso es corrupción de valores.
La infancia es sagrada. No es un slogan, es un principio. Y quien atenta contra ella se convierte en enemigo de la sociedad. Las autoridades no pueden reaccionar con comunicados tibios ni con promesas huecas. Deben sancionar, y sancionar con todo el peso posible.
Porque cuando una escuela se usa como tarima, el país entero queda en ridículo. Y cuando se tolera lo intolerable, se abre la puerta a la impunidad. La educación no se mancha. La niñez no se negocia. Y este país debe decidir si va a seguir mirando para otro lado o si de verdad va a defender lo único que puede salvarnos: la formación de nuestros hijos.
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