 Najayo Hombres. Mientras que Eridania García Veloz de Martínez, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez fueron enviadas a Najayo Mujeres.A la imputada Lucía Martínez Colón le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos, a través de una empresa aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.La jueza Fátima Veloz pautó para el 12 de septiembre la revisión obligatoria de la medida cautelar. Por falta de representante legal, la jueza decidió desglosar el conocimiento contra las 15 personas jurídicas implicadas. Las personas morales son Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopees), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.¿Cómo operaba la red?Según la investigación del Ministerio Público, la organización criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10 % al 30 %.La alegada red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, seduciendo así a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real fue menor al 15 % de lo captado.El expediente señala que los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los imputados usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una "aparente solidez financiera" mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.También hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.El Ministerio Público dijo que "para contaminar la investigación y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país". RELACIONADAS Justicia Operación Gaviota: víctima de red piramidal vendió su casa en un millón de pesos para invertir RELACIONADAS Justicia MP despliega Operación Gaviota contra Investor Winner por fraude de RD$3,000 millones en inversiones){kind=link}
La magistrada Fátima Veloz, perteneciente a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, ha ordenado la noche de este miércoles la prisión preventiva de siete de los ocho acusados en la red que presuntamente recaudó más de RD,000 millones a través del plan fraudulento llamado Investor Winner, el cual fue desmantelado mediante la Operación Gaviota.
Los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña, en representación del Ministerio Público, presentaron la solicitud que fue aceptada por la magistrada, quien también declaró el caso como complejo.
Los acusados Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez cumplirán la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres. Mientras que Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez fueron enviadas a Najayo Mujeres.
A Lucía Martínez Colón se le impuso una garantía económica de un millón de pesos, a través de una empresa aseguradora, junto con presentación periódica e impedimento de salida.
La jueza Fátima Veloz ha programado una revisión obligatoria de la medida cautelar para el 12 de septiembre.
Debido a la falta de representación legal, la jueza decidió separar el proceso contra las 15 personas jurídicas involucradas. Estas entidades son:
– Ixi Intermecom Srl
– Guro Investments Srl
– Yirewall SRL
– Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopees)
– Investor Winner IW SRL
– Vagary Consulting SRL
– Inversiones Cataleya SRL
– Gratia Plena SRL
– Ghanima Corporation SRL
– Taufik Investments SRL
– Fundación Doña Francisca Martínez
– Grupo Fasurielva, S.R.L
– Inmobiliaria Luz del Ángel SRL
– Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL
¿Cómo operaba la red?
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la organización delictiva prometía invertir el dinero en actividades de trading, garantizando un rendimiento mensual del 10 % al 30 %.
Para llevar a cabo el fraude, la red se valía de medios tecnológicos, utilizando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos excesivamente altos y poco realistas, atrayendo a los inversores con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, más allá de lo legítimo en inversiones.
Las captaciones se realizaban en distintos niveles, a través de decenas de empresas secundarias y terciarias que supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. No obstante, no existe evidencia de que la inversión se realizara en el bróker, ya que la colocación real fue menor al 15 % de lo recaudado.
El expediente indica que los acusados pagaban intereses con el capital de nuevos inversores en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales, generando una "aparente solidez financiera" a través de estados de cuenta falsos y reportes financieros manipulados para simular ganancias legítimas y sólidas.
Además, los culpables afirmaban contar con los permisos de entidades reguladoras como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos organismos.
El Ministerio Público declaró que, con el fin de obstaculizar la investigación y ocultar evidencias, cedieron las acciones de las empresas tras el colapso del esquema y cambiaron sus domicilios habituales, trasladándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua, e incluso algunos salieron del país.
Fuente: Diario Libre
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