El equipo de abogados contratados en el año 2021 por decreto presidencial con el fin de recuperar bienes y recursos del Estado en casos de corrupción recibirá como pago el 15 % del patrimonio público recuperado, lo cual equivale a cientos de millones de pesos.
El contrato firmado por el Estado con el equipo de juristas contempla esta remuneración. Solo en los acuerdos con seis acusados en la operación Calamar, que ascienden a un total de 2,570,550,078 pesos, los abogados podrían llevarse más de 385 millones de pesos.
El monto recuperado en estos acuerdos incluye:
- 1,101,770,078 pesos que Fernando Crisóstomo Herrera deberá devolver en efectivo.
- 715 millones de pesos que entregará Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo.
- 500 millones de pesos de José Ureña.
- 32 millones de pesos de Baldemar Andriw Ovalle Sánchez.
- 1,780,000 pesos de Camilo Andrés Peña.
- 220 millones de pesos de Ángel Lockward.
Facultados para acuerdos extrajudiciales
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, conformado por 21 abogados y coordinado por Jorge Luis Polanco Rodríguez, tiene la autoridad para llevar a cabo acuerdos civiles con empresas y personas no acusadas por el Ministerio Público.
También pueden realizar acuerdos extrajudiciales, como en el caso de algunas empresas acusadas en la operación Medusa, liderada por el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, según fuentes consultadas por Diario Libre. Polanco Rodríguez no ha respondido a las llamadas ni mensajes de este periódico.
Aún no han recibido pago
A pesar de que han habido sentencias en acuerdos penales abreviados, como en el caso Antipulpo en febrero de 2023, el equipo de abogados contratados aún no ha recibido ningún pago por sus honorarios, según las fuentes entrevistadas.
Por ejemplo, no han recibido ni el dinero ni los bienes decomisados al condenado Juan Esteban Suriel Suazo, que consisten en 917,600 dólares y 8,525,500 pesos. Esto se detalla en el “Repositorio de casos de criminalidad organizada” de la Procuraduría General.
El juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez, aprobó recientemente los acuerdos de 21 imputados en la operación Medusa. Otras negociaciones serán decididas por el magistrado próximamente.
Recuperación de millones de pesos por decisión del juez Martínez
Lo recuperado y por recuperar por decisión de Martínez en juicios penales abreviados en el caso Medusa asciende a casi 180 millones de pesos, incluyendo el compromiso de 144 millones de pesos por parte del empresario Lisandro José Macarrulla Martínez.
En resumen, los abogados contratados por el Estado para recuperar bienes en casos de corrupción están facultados para realizar acuerdos civiles y extrajudiciales, aunque aún no han recibido pagos por su trabajo. Esto se ha visto reflejado en diferentes operaciones y acuerdos que han tenido lugar en el país.
Fuente: Diario Libre
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, se condenó a este a penas suspendidas y a entregar al Estado 35 millones de pesos y un jeep BMW modelo X5 XDrive del año 2017. Los abogados que representan al Estado no han recibido pagos por su trabajo porque hay que agotar “todo un proceso”.Tampoco han recibido dinero ni bienes decomisados al también condenado Juan Esteban Suriel Suazo, consistentes en 917,600 dólares y 8,525,500 pesos, detallados en el “Repositorio de casos de criminalidad organizada” de la Procuraduría General.El pasado sábado, el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez, aprobó los acuerdos de 21 imputados en la operación Medusa. Otras negociaciones de imputados en ese mismo caso, que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, serán decididas por el magistrado el próximo viernes 5 de este mes.Los millones de pesos que ha recuperado y espera el Estado dominicano: otro legado de Miriam Germán Juez acogió mayoría de acusaciones contra Jean Alain Rodríguez en caso Medusa Lo recuperado y por recuperar por decisión de Martínez en juicios penales abreviados con tres encartados en Medusa asciende a casi 180 millones de pesos. Esto incluye 144 millones de pesos comprometidos por el ahora condenado empresario Lisandro José Macarrulla Martínez, quien admitió haber pagado sobornos para ser beneficiado con la construcción de un lote de la cárcel Nueva Victoria.En los casos de corrupción Coral, Medusa y Antipulpo, donde ya se ha agotado el juicio preliminar, los acusados han solicitado a los jueces excluir al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, lo que ha sido rechazado por los diferentes magistrados.“Son legales y no son nuevas”El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, recordó que los acuerdos del Ministerio Público con los acusados “son herramientas contempladas en el Código Procesal Penal”, pero deben hacerse conforme a la ley, sin obligar a los encartados a firmarlos y deben ser homologados por un juez.En cuanto a los abogados contratados por el Estado, Castaños dijo que “tampoco es una novedad”, ya que en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter), el Banco Central apoderó oficinas de abogados privados para que se constituyeran en parte civil contra los ejecutivos de esa entidad financiera. Según publicaciones periodísticas, el quinteto de juristas que representó al Banco Central incluyó a Polanco Rodríguez. ){kind=link}