 desde hace años. También en el decreto 726-01 que en julio de 2001 emitió el expresidente Hipólito Mejía, con el que crea, con fines de servicio público, “las instituciones especiales para la reclusión por accidentes de tránsito no conexos con otros delitos, denominadas casas de conductores”. También creó las casas cárceles para el cumplimiento de penas en casos correccionales de heridas o muerte por accidente de tránsito involuntario.El decreto establece que esas organizaciones podrán ser organizadas y administradas por particulares previa autorización de la Dirección de Prisiones, que debe autorizar al personal de seguridad. Una de las justificaciones para emitir la medida era que la retención de las personas en los destacamentos, mientras se definía su situación, resultaba en un alto costo económico para el Estado. https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/24/9c1lin1sxjc180nbe39150391-dsc03116.jpgImagen de una de las habitaciones de la Casa del Conductor, según se promueve en su página web. (FUENTE EXTERNA)A seis meses del referido decreto, se creó CMA, La casa del Conductor, inaugurada el 3 de enero de 2002, en la Avenida Bolívar #193, en lo que fueron las instalaciones del hotel Comodoro. Una nota de prensa sobre el acto de inauguración indica que estuvo encabezado por la presidenta de la empresa, Constanza Cubbiscon, ciudadana norteamericana, esposa del excónsul de esa nación en República Dominicana, Edwin Cubbinson. También por el entonces procurador general de la República Virgilio Bello Rosa.El documento de prensa indicaba que era un esfuerzo del Estado, con la inversión y participación del sector privado en la prestación de un servicio público “para asegurar el mayor respeto con la dignidad humana”. Aunque no se ubicó el acuerdo original, en 2007 se informó a la prensa que el entonces procurador Radhamés Jiménez Peña renovó por cinco años un acuerdo existente con la sociedad comercial CM de Servicios S.A, Casa del Conductor. La nota de entonces señaló que la renovación permitía que la empresa continuara ofreciendo los servicios de reclusión de personas acusadas de violar ley de tránsito.Más recientemente, en agosto de 2021, la Digesett informó la renovación de un acuerdo con la Casa del Conductor que permitía a ambos dar mejor soporte técnico y legal a quien le ocurra un accidente en cualquier punto del país.Aunque por mucho tiempo fueron únicos en el mercado, a partir de 2014 se estableció otra empresa de servicio similar, el Centro de Asistencia al Automovilista, creado por un grupo de aseguradoras que rompieron relaciones con la Casa del Conductor. Ven privilegio en servicios A partir de la muerte por atropellamiento del joven Julio César de la Rosa Peralta, hijo del presidente de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) Julio César de la Rosa Tiburcio, éste calificó el servicio de la Casa del Conductor como un privilegio y denunció que las autoridades no tienen control de las personas ahí retenidas.A nombre del EstadoLa Ley 63-17 establece que los asegurados cuyas pólizas estén vigentes y cubran los servicios que proporcionan las casas de conductores y las casas cárceles, deberán ser trasladados a estas instituciones en los lugares donde existan. Previo al enunciado, establece los requisitos y normas de funcionamiento de esas instituciones, las que deben contar con infraestructura adecuada para alojamiento, condiciones sanitarias ajustadas a los requisitos y normas de Salud Pública, alojamientos separados para hombres y mujeres y una adecuada alimentación para los ciudadanos internos. También sistemas y tecnología pertinentes para concientizar al interno, en las responsabilidades, exigencias y riesgos de la actividad de conducir un vehículo de motor, acciones que realizarán a nombre del Estado.){kind=link}
La Casa del Conductor CMA ofrece una solución integral para los trámites relacionados con accidentes de tránsito, desde la gestión del acto policial hasta la comunicación con la aseguradora. Este negocio privado, respaldado por el Estado, opera bajo la Ley 63-17 de la República Dominicana, estableciendo pautas para su funcionamiento y acuerdos con entidades estatales.
Este centro de retención, regulado por la Dirección de Prisiones de la Procuraduría General de la República, no está disponible para todos los ciudadanos involucrados en accidentes de tránsito, sino para aquellos que paguen una póliza directamente o a través de una aseguradora. El costo de afiliación anual es de 2,000 pesos, ofreciendo servicios como trámites policiales, asistencia vial, alojamiento y comida.
La Casa del Conductor garantiza a sus afiliados no pasar la noche en un destacamento o cárcel, trasladándolos a sus instalaciones con habitaciones privadas, comida y servicios similares a los de un hotel. Estas medidas están respaldadas por acuerdos con la Procuraduría y la Digesett, así como por el Decreto 726-01 emitido por el expresidente Hipólito Mejía en 2001.
Desde su inauguración en 2002, la Casa del Conductor ha renovado acuerdos con autoridades estatales y ofrece una alternativa a las personas detenidas por accidentes de tránsito. Aunque fue la única opción por un tiempo, en 2014 surgió un competidor, el Centro de Asistencia al Automovilista, creado por aseguradoras que cortaron lazos con la Casa del Conductor.
La Ley 63-17 establece que los asegurados con pólizas vigentes que cubran los servicios de dichas instituciones deben ser trasladados a ellas en caso de accidente de tránsito. Las casas de conductores deben cumplir con requisitos de infraestructura, condiciones sanitarias, separación de género y alimentación adecuada, actuando en nombre del Estado para concienciar sobre la responsabilidad de conducir.
Fuente: Diario Libre
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