 expresó su preocupación por los criterios utilizados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al evaluar a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron removidos. Finjus criticó la falta de claridad y objetividad en el proceso de valoración, señalando que se priorizó la aplicación de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación y la proximidad de la edad de retiro de uno de los jueces, lo cual debilita una evaluación basada en mérito, imparcialidad e independencia judicial. Según Finjus, las actas publicadas por el CNM revelan omisiones importantes que afectan la transparencia del proceso. La fundación sugiere que la evaluación debería considerar aspectos como la productividad jurisdiccional, la fundamentación jurídica, la conducta ética, la transparencia patrimonial y la participación en programas de capacitación. Finjus recordó que, conforme a la Ley 138-11 del CNM, la evaluación debe centrarse en el cumplimiento de deberes constitucionales y éticos, la calidad de las decisiones judiciales y el compromiso con la imparcialidad y diligencia. Fuente: El Testigo){kind=link}
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su preocupación por los criterios utilizados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al evaluar a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron removidos. Finjus criticó la falta de claridad y objetividad en el proceso de valoración, señalando que se priorizó la aplicación de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación y la proximidad de la edad de retiro de uno de los jueces, lo cual debilita una evaluación basada en mérito, imparcialidad e independencia judicial.
Según Finjus, las actas publicadas por el CNM revelan omisiones importantes que afectan la transparencia del proceso. La fundación sugiere que la evaluación debería considerar aspectos como la productividad jurisdiccional, la fundamentación jurídica, la conducta ética, la transparencia patrimonial y la participación en programas de capacitación. Finjus recordó que, conforme a la Ley 138-11 del CNM, la evaluación debe centrarse en el cumplimiento de deberes constitucionales y éticos, la calidad de las decisiones judiciales y el compromiso con la imparcialidad y diligencia.
Fuente: El Testigo
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