En vistazo general al recién concluido proceso electoral dominicano en los niveles presidencial y congresual, vimos que el oficial Partido Revolucionario Moderno no solo reeligió con amplio porcentaje (57.4%)al presidente Luis Abinader, sino que también ganó, por mayoría absoluta, senadores (29 de 32) y diputados (146 de 190), mientras que Leonel Fernández y su organización Fuerza del Pueblo (y aliados) se quedaron con el segundo lugar (28.8%), con 28 diputaciones y tres senadurías, incluyendo la del Distrito Nacional, lo que les otorga dos puestos en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano muy reducidos, con sus peores desempeños en el historial de cada uno en comicios presidenciales. El PLD con 10.3% y 13 diputados, y el PRD 0.45% y 1 diputado. El Partido Reformista Social Cristiano también con su más baja votación histórica de 0.87%.
De las restantes 28 pequeñas agrupaciones participantes solo cuatro llegaron al 1% y 18 de ellas con menos del 0.5%. La abstención electoral de 45.6%, en el país, es la mayor registrada en toda nuestra historia democrática post Trujillo; pero la del exterior, de 82%, es insólita. Para elegir los siete diputados de ultramar, de 863,785 empadronados apenas votaron poco más de 155,000, igual al 18%.
Esto ha dado lugar a una nueva correlación de fuerzas políticas en República Dominicana en la que, desde el gobierno y de cara a su segundo mandato seguido, el presidente Luis Abinader se consolida como líder de su partido y de un segmento de la población dominicana, en tanto que Leonel Fernández, con liderato nacional e internacional ya conocido, junto a su FP, queda como principal líder opositor.
Entre las reformas pendientes y que interesan sobre todo al oficialismo, figuran modificar varios aspectos de la Constitución y aprobar una reforma fiscal integral. En efecto, se busca crear un “Ministerio Público independiente”, al tiempo de ponérsele “candado” a la Carta Magna a fin de evitar que ésta pueda ser reformada cada vez que un gobernante quiera hacerlo para beneficio propio y/o grupal.
Con respecto al Ministerio Público, hay diferencia de criterios entre el presidente de la República y sus asesores y el expresidente Fernández y otros juristas, quienes sostienen que la independencia de ese alto organismo judicial quedó consagrada en la constitución del 2010. A la sazón, Leonel explica que: “La ley orgánica del Ministerio Público del año 2011 establece que éste es independiente de todo órgano u otro poder del Estado al que nunca estará sometido”.
En cuanto a la reforma fiscal, se trata de poner en ejecución lo acordado en la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, una iniciativa conjunta del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Nacional de Reforma del Estado del año 2009, en procura de modificar y transformar el sistema tributario dominicano, con los objetivos de incrementar los impuestos, hacerlos más eficientes y transparentes y distribuirlos con mayor equidad.
Este tipo de reforma que en los países desarrollados, donde hay una mejor y más justa distribución de la riqueza, suele crear expectativas de progreso y bienestar colectivo, en los subdesarrollados o en vía de desarrollo como el nuestro, la gran mayoría de la gente lo asimila y percibe como un fenómeno perturbador que, de una forma u otra, pondrá más impuestos a los productos, mercancías y servicios que se adquieren y consumen.
Por ello y ante la fuerte ola inflacionaria de todo lo que se compra y se vende que en los últimos años ha estado golpeando a la sociedad dominicana, al menos por ahora y a corto plazo, no parece que sea posible aprobarse esta reforma con el debido consenso y la participación de las principales fuerzas políticas opositoras, el empresariado, los trabajadores, la sociedad civil y otros sectores importantes.