En la vida pública, los detalles hablan. A veces no es la firma en un contrato ni la cifra en una cuenta bancaria lo que delata, sino un brillo discreto en la muñeca. Para el ciudadano común, un reloj es un accesorio; para un connaisseur, es una declaración. Y en República Dominicana, cada vez más funcionarios parecen emitir declaraciones silenciosas pero escandalosas: piezas de Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet, algunas ediciones limitadas que no se ven ni en vitrinas, sino en subastas privadas.
No hablamos de relojes que cualquiera podría comprar con un ahorro disciplinado: hay modelos que superan los 200 mil dólares, el equivalente a años enteros del salario de un servidor público de alto rango. Y ahí está la pregunta que corroe la credibilidad: ¿cómo se explica semejante adquisición cuando la declaración jurada no muestra patrimonio suficiente y el sueldo estatal difícilmente alcanza para cubrir la mitad de esa maquinaria de lujo?
El reloj, en este contexto, se convierte en símbolo de algo más que estatus: es una metáfora de la opacidad, del desfase entre la vida que se exhibe y la que se puede justificar. No hay auditoría que mire la muñeca, ni Cámara de Cuentas que catalogue un “Tourbillon” como red flag. Mientras tanto, la sociedad observa, algunos con admiración ingenua, otros con la certeza amarga de que cada engranaje de ese reloj podría estar lubricado por privilegios, influencias o, peor, por recursos que no les pertenecen.
En un país donde el tiempo político rara vez se sincroniza con el reloj de la transparencia, estos accesorios no marcan horas: marcan distancias entre el poder y la gente.
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